Lucas Fernando Gómez Portillo Funes.

Al staff permanente de la academia hegemónica y mediática del constitucionalismo patrio hace unos años se le ha sumado alguien que venía prometiendo nuevas visiones y miradas sobre la materia, con algún grado de provocación sobre los cánones establecidos. Lo que prometía no es lo que resultó, como muchas veces ocurre.

El profesor Gargarella, convertido ya en una pluma estable de los principales medios gráficos concentrados, se dedica a difundir diversas zonceras y opiniones, que bajo un discurso pretensamente técnico esconde prejuicios antidemocráticos y la instalación de posiciones tendenciosas contra, siempre, el mismo sector político.  La insistencia del ataque focalizado, los medios donde se escriben esos ataques y los tópicos coincidentes con los sectores de la élite más rancia de nuestro país, dan cuenta de su posición y pertenencia política. El objetivo de estos textos será el de poner sobre la mesa cuáles son las cosas que esos discursos esconden y persiguen, que en casi nada responden al progresismo que se arroga, más bien todo lo contrario.

La más reciente de sus intervenciones resulta ser un Tweet donde manifiesta que el sobreseimiento de la actual Vicepresidenta resulta incorrecto ya que rige en su caso la “presunción de culpabilidad”, manifestando que los jueces deberían ser sancionados.

O sea, el Sr. Gargarella considera que en algunos casos no rige la presunción de inocencia prevista expresamente en nuestra Constitución Nacional (art. 8 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inc. 22 CN 1994), garantía básica del Estado de Derecho.

Coincide que el caso en que propone esta novedosa interpretación trata sobre una personalidad política que ha sido objeto de persecución a través de un mecanismo muy potente que articuló referentes políticos de alta jerarquía, los grupos mediáticos para los que el Sr. Gargarella escribe habitualmente, y miembros del Poder Judicial que cometieron diversas tropelías que hoy hace que las causas que se fueron inventando contra un espacio político identificado con el movimiento nacional y popular, vayan cayendo una a una. Justamente esas causas han estado signadas por “doctrinas procesales creativas”, tal como lo definió uno de sus ejecutores, que más bien son groseras violaciones a las garantías constitucionales.

En sintonía, Gargarella es el mismo que desde hace años viene negando la existencia de lawfare en nuestro país.

Lo manifestado no es sólo una muestra de desconocimiento total de preceptos elementales de nuestro sistema jurídico constitucional, pone de manifiesto que ese sistema de persecución existió y existe, y que hay quienes pusieron su pluma y activismo para sostener la cacería.

Como se verá en otros análisis, Gargarella, simulando transgresión y evidenciando un desconocimiento profundo de elementos básicos de nuestro sistema constitucional, siempre termina por alimentar a las bestias antidemocráticas.

Será que para él no se dice lawfare, se dice presunción de culpabilidad…