Lucas Gómez Portillo.
I
En la década del ’70, quien hoy es homenajeado en el día del politólogo, Guillermo O’Donnell, escribió un ensayo que tituló “El juego imposible”. Este autor parte de la teoría de juegos para explicar cómo la proscripción y prohibición del peronismo, en tanto fuerza política mayoritaria, durante el periodo 1955 a 1973 imposibilitaba que cualquier otra fuerza política llegara al poder estatal o se mantuviera en él. Si acordaban con Perón para levantar la prohibición una vez que ganaran no podía cumplir su promesa porque terminaba siendo derrocados y si no cumplía su promesa terminaba deslegitimado y también derrocado (Frondizi), pero si no acordaba con el peronismo ganaba con pocos votos y era un gobierno débil que también terminaba siendo deslegitimado y derrocado (Illia), siempre las fuerzas Armadas actuando como árbitro forzado. Así, durante 18 años.
Según quien estas palabras escribe ese “juego” no terminó del todo aún, ni al volver Perón, ni mucho menos con el último gobierno militar ni con la vuelta a la democracia incluso. Pero esto último no resulta necesariamente y de manera directa el objeto de este texto.
II
La teoría de juegos es una herramienta que sirve para reflexionar sobre cómo son las conductas humanas ante determinadas situaciones hipotéticas, generalmente límites, buscando comprender y predecir esas conductas. Son modelos que pretenden predecir estadísticamente nuestras estratégicas ante determinados incentivos. Sus propuestas derivan en cálculos estadísticos matemáticos o simplemente en modelos generales que nos permiten reflexionar y, quien sabe, afrontar la toma de una o más decisiones de la manera más racional posible en el campo económico, social o político.
Cada sociedad tiene su juego o juegos imposibles en un momento histórico determinado.
III
Argentina es desde hace décadas:
1- el segundo país en tenencia de dólares per cápita luego de Estados Unidos, o sea de quien los produce. Gran parte de esa tendencia no está declarada, se mueve en mercados ilegales y en su mayoría en el extranjero.
2- un país con una inflación promedio muy superior a la media mundial y a la región.
3- un país con crisis cíclicas profundas de deuda, de fuga de capitales y de caídas de su actividad y empleo formal. Hoy estamos en medio de una de esas crisis luego de un proceso de endeudamiento profundo en moneda extranjera durante el Gobierno de Mauricio Macri, el cual resultó en una deuda con el FMI empleada casi linealmente para financiar la masiva fuga de divisas que tuvo lugar durante ese periodo.
4- un país que periódicamente hace blanqueos de capitales, en todos los Gobiernos. Es el país que tiene el blanqueo récord en la historia mundial, tres veces la deuda con el FMI. El mismo tuvo lugar durante 2017, impulsado por el Gobierno de Macri.
Por último: Argentina es el país con la deuda con el FMI más grande de la historia mundial, tomada en un período muy acotado de tiempo, equivalente al valor de mercado de Twitter, o a todo lo prestado por el FMI a todos sus miembros en la pandemia. Mientras, según estadísticas oficiales la mitad de los niños y niñas argentinos viven bajo la línea de pobreza y algo así como el 40% de sus habitantes es pobre.
Estos no son los únicos datos que tornan a nuestro país excepcional, pero sí los más sobresalientes y que dan cuenta de la existencia de un problema estructural que, por nuestra experiencia, genera crisis periódicas de una profundidad cada vez mayor.
IV
Retomando la idea de O´Donnell, hoy un juego imposible para nuestro país parece ser el de sostener variables de política económica elementales estables medianamente aceptadas por los operadores económicos. Una parte significativa de la riqueza vive en tenencias de moneda extranjera sin declarar, tanto fuera como dentro del país, lo cual genera serias y recurrentes dificultades para la toma de decisiones de todos los operadores, incluyendo al Estado, o los Estados, considerando la compleja estructura federal argentina.
La existencia de una masa de ahorro tan enorme fuera del sistema formal no sólo afecta la capacidad recaudatoria del Estado en forma directa ya que al permanecer oculta no puede ser susceptible de imposición y cobro de impuestos, sino que deriva en graves consecuencias para toda la economía.
Por un lado genera serios problemas productivos, ya que no existe ninguna inversión a largo plazo que con igual o menor riesgo permita obtener una ganancia parecida a la posibilidad de ahorrar en dólares, lo cual es un incentivo negativo para la generación de actividades productivas que requieran mano de obra en forma intensiva. Los costos de evasión y elusión son verdaderamente reducidos, mientras que la rentabilidad por hacerlo es enorme, sobre todo considerando que quienes más tenencias tienen y mejores sistemas de impunidad en el tiempo tienen más pueden esperar y cada vez sus tenencias en moneda extranjera valen más en relación a los bienes que existen en nuestro país. Lo mismo pasa con el trabajo, cada vez vale menos.
Se da una situación que por su masividad merece nuestra atención. Ese comportamiento que muestran los grandes jugadores ha ido siendo aprendido por los operadores medianos y los pequeños jugadores, que imitan esa práctica y la adecúan a su contexto. Mientras un gran jugador recurre a un paraíso fiscal el pequeño jugador cambia algunos pesos y los guarda bajo su colchón, ya sea por imitación o por resguardo de las consecuencias macro que genera lo primero.
Todo esto dificulta la capacidad del Estado de planificar, ejercer su autoridad, realizar inversiones necesarias para la infraestructura elemental en materia de salud, educación, seguridad, transporte, logística, conectividad, etc.
Pero también es nociva para los propios operadores privados, sobre todo los medianos y pequeños. Lo que parece ser el resguardo de valor e incluso de la buena inversión a largo plazo realizada en forma simultánea, permanente y masiva por todos los jugadores sólo aporta inestabilidad, falta de reservas, procesos inflacionarios, endeudamiento estatal pero también familiar y de las empresas, falta de sistemas de inversión estables con capitales propios. En definitiva terminan siendo tenencias improductivas para el entramado productivo nacional.
De alguna manera este problema es el que Cristina Fernandez de Kirchner viene denominando como bimonetarismo.
No se pretende desconocer la existencia de otros factores que influyen, e incluso retroalimentan y potencian este proceso, pero la magnitud de lo explicado en el punto III tiene tal significación que exige concentrar energías en resolver esta cuestión y no ramificar a otros problemas secundarios o accesorios.
El Estado puede gastar mal, puede tener déficit y puede generar incertidumbre, entre otras cosas, pero en general estas cuestiones a corregir no parecieran tan desproporcionadas en relación a los demás países, y en relación a su propia producción, lo que sí es una constante desequilibrante en términos relativos son esos procesos de endeudamiento, fuga y falta de transparencia del sistema de ahorro nacional. En comparación con la media mundial Argentina no tiene una presión tributaria excesiva, no tiene problemas étnicos, sociales o de violencia significativos, ni tiene déficits fiscales irremontables, y tiene sectores económicos de enorme crecimiento o potencial expansión.
Pero incluso, si considerásemos que el problema del déficit estatal es central proponer iniciar por ahí la discusión implicaría caer en otro juego imposible. La rigidez del entramado estatal así como la imperiosa necesidad de cubrir las necesidades económicas de millones de personas para que puedan subsistir e incluso su impacto en el sistema de consumo (considerando que una parte muy importante de la inversión estatal está destinada a la seguridad social y a la compra de energía), no aconseja pensar en buscar soluciones en ese lugar como primera fase. Resulta más sencillo trabajar sobre sectores e interacciones que muestren más flexibilidad y que sean más susceptibles de provocar resultados rápidos con incentivos que jueguen sus propias reglas.
Entonces ¿Qué hacer?
V
Usando como idea la teoría de juegos podemos diseñar un modelo donde, por un lado, juegan los grandes tenedores de activos no declarados, luego el Estado, y por último los medianos y pequeños tenedores.
Si el Estado sube impuestos sobre esas operaciones o tenencias, o establece duras sanciones a las actividades de evasión o elusión (cosa que ya existe), o impone restricciones a las transacciones (cepos, restricciones para retirar lo invertido durante cierto periodo) lo único que genera es agudizar el problema, ya que quienes más capacidad económica tienen verían más conveniente excluir esos fondos de la vista del Estado y de todo sistema formal en nuestro país, en términos de incentivos les resultaría todavía más tentador mantener o incrementar sus activos no declarados. En consecuencia lo mismo hará el mediano y pequeño, resguardará sus activos ante la falta de respaldo del peso ya sea por la difusión de que este es la mejor estrategia imitando a los grandes tenedores o simplemente por supervivencia ante una pérdida de valor del peso ocasionada por el comportamiento de los principales jugadores. Todo esto genera aumentos de tasas de interés, con lo cual acceder al crédito se vuelve imposible, y con ello la inversión productiva. El Estado en este caso sólo puede esperar a tener alguna política de planificación inteligente y un ejercicio de autoridad política de cierta intensidad, más un contexto externo favorable como para lograr un superávit fiscal y comercial de algunos años, pero no de manera estable ni continuada en el tiempo.
Quizás la imposición de cepos sea lo único que permita frenar en algo el proceso o demorarlo, pero lo que es seguro es que esa medida no resuelve el problema y a largo plazo genera nuevas distorsiones que retroalimentan el problema inicial.
Si el Estado hace todo lo contrario, libera todo, reduce impuestos, hace blanqueos, libera el ingreso y egreso de fondos, ya hemos observado cómo, lejos de lograr un comportamiento de transparencia a largo plazo y corregir las conductas que se quieren modificar, la tendencia a tener casi todo sin declarar se retoma, la tendencia a generar procesos de inversiones especulativas a corto plazo que devalúan el peso se profundiza y la radicación de tenencias en el extranjero también se agudiza, con inflación, aumento de la pobreza y destrucción del aparato productivo acelerado. Ante esta situación, que se da al cabo de pocos años o meses, los pequeños y medianos tenedores no incorporan una lógica diferente a la de seguir resguardando sus ahorros en moneda extranjera o, recientemente, apostar a criptomonedas, replicando al infinito la práctica que no hace más que derivar en una crisis de magnitud. En este caso el estado se sobre endeuda, la moneda acelera su devaluación y el sistema quiebra.
Estas dos estrategias parecieran estar propuestas como las únicas posibles e incluso han logrado una posible consecución que no hechan mucha luz de una salida posible que mejore la situación de todos o por lo menos de una mayoría social significativa y durante un periódo de tiempo significativo.
La cuestión a resolver es este juego imposible, sin caer en simplificaciones meramente ideológicas, sino más bien contemplando las correlaciones de poder reales, las capacidades de influencia que tiene cada grupo y descartando la solución mágica de que el Estado hoy puede imponer todas las condiciones. Proponemos que busquemos reflexionar sobre todo esto en un modelo de juego más racional, incluso, agregaría, de rondas de juegos. El mentado discurso que se declama como salida de los problemas debería ser reemplazado por una negociación a cielo abierto, donde las partes interesadas acuerden fases de estabilización. Aquí sugerimos la primera, sin perjuicio de otras posibles.
VI
En el fragor de la discusión política-económica en la que estamos inmersos ha pasado desapercibido que el proyecto que tiene media sanción en el Senado de la Nación para crear un fondo para pagar al FMI cuenta con una herramienta que propusimos hace tiempo, la cual no estaba pensada para crear dicho fondo sino para, justamente, propiciar una primer fase de salida del juego imposible descrito en el apartado anterior.
Visto que los blanqueos sólo agudizan el problema ya que, además de no tener impacto fiscal presente por las jugosas quitas que se ofrecen, generan incentivos para seguir evadiendo y eludiendo esperando un futuro perdón con importantes beneficios, y que simplemente aumentar impuestos, o incluso cobrar los ya vigentes, resulta imposible ante un sistema de fuga y resguardo de capitales en paraísos fiscales tan aceitado, creamos la figura del Agente Colaborador Tributario (ACT). Esta figura establece un premio a la persona que brinde información sobre esos activos no declarados y ayude a su recuperación, permitiendo que el Estado cobre los tributos adeudados más una importante suma de sanción. Entonces, si el ACT brinda información válida, el Estado logra transparentar esos fondos, cobrar los impuestos y multas y pagarle un porcentaje al ACT como recompensa.
Se genera un incentivo a dejar de colaborar por parte de cualquiera de las personas que participan directa o indirectamente en esas redes de evasión, elusión o fuga, o simplemente conocen las operaciones, volviendo mucho más rentable no exponerse a esa situación por parte de las personas que realizan esas prácticas no sólo hacia el presente sino también hacia el futuro, ya que el riesgo y costo de ser descubiertos se incrementa significativamente.
La idea de este proyecto no es tanto que el Agente Colaborador actúe efectivamente, sino que su sola existencia aconseje a quienes tienen esas tenencias no declaradas a declararlas, tributar e incluso a generar incentivos para que esos fondos ingresen al sistema formal argentino para su uso para inversiones por parte del sector privado.
Volviendo a la Teoría de juegos, esa regla nueva permitiría a los grandes jugadores y al Estado volver a un acuerdo de existencia mínimo: la riqueza que se produce gracias al esfuerzo nacional debe de alguna manera ayudar al desarrollo común, formalizando su existencia e incorporándola en forma de reservas y activos bancarios y financieros locales que permitan inversiones productivas por parte de todos los operadores privados, tributando lo correspondiente para lograr un Estado en condiciones de invertir en Educación, tecnología, conectividad, salud, etc.
Logrado esto se podrá revertir en un corto plazo la tendencia de imitación de los pequeños y medianos jugadores a guardar sus ahorros sin declarar, lo cual aumentará la masa disponible de divisas internacionales en el mercado local para lograr esos objetivos comunes.
Esta decisión puede (y quizás deba) incluir un acuerdo de parte del Estado con esos grandes operadores, luego de una ronda de negociación, para definir las condiciones en las que esos fondos ingresarán definitivamente al país previo a que entre en vigencia el ACT, estableciendo un programa de desarrollo adecuado al siglo XXI, y tal vez un “blanqueo” donde lo que se quiten sean las multas o una parte menor de las deudas fiscales, con la convicción de que, a partir de ese momento, el que saque los pies del plato, al decir popular, quedará expuesto a ser delatado por un futuro ACT sufriendo serias multas y quitas a su patrimonio, lo cual incluso puede ser incorporado como cláusula constitucional que ponga límites a los blanqueos y establezca reglas respecto a los procedimientos para el endeudamiento. Ese acuerdo puede incluir progresivas bajas impositivas establecidas legalmente a medida que las reservas y el crecimiento económico se produzca.
Logrado este primer paso recién puede pensarse en que el capital extranjero pueda querer invertir en actividades productivas reales y no meramente especulativas en nuestro país.
En un momento de incertidumbre internacional debemos aportar la mayor estabilidad posible a variables tan sensibles como la disponibilidad nacional de las divisas internacionales para sostener nuestra economía, el precio accesible de la comida y la energía.
Necesariamente, en esta fase de la negociación, deberán discutirse planes de desarrollo tecnológico masivo, formación en nuevas tecnologías del conocimiento para toda la población, inversión en infraestructura para generar una conectividad total, superar el problema de la importación de energía, entre otras cuestiones estructurales.
VII
Así como el Juego imposible descripto por O’Donnell significó una enorme pérdida de posibilidades para nuestro país durante décadas, lo mismo ocurre con el Juego imposible argentino del Siglo XXI. Si entre todos y todas no resolvemos este dilema las crisis seguirán ocurriendo y nos esperarán nuevas décadas de vaivenes y pérdidas de oportunidades, en un siglo donde todo pasa tan rápido tenemos que prepararnos y avanzar en solucionar este problema ayer.
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